Con el anuncio de que Bill Bratton será el sucesor de Ray Kelly a la cabeza del Departamento de Policía de Nueva York, el alcalde-electo Bill de Blasio dejó una cosa bien clara: la cuestionada práctica de “stop and frisk” seguirá vigente.
De hecho, ya varios han puesto en duda si Bratton está a la altura de lo que de Blasio prometió en su campaña.
Pero nada de esto es motivo para alarmarse. Por lo menos no todavía.
“Stop and frisk” —o la breve detención y cateo de ciertos sospechosos por parte de la policía— ha sido legal en Estados Unidos desde 1968, cuando la Corte Suprema le dio el visto bueno en el caso Terry v. Ohio.
El fallo causó revuelo porque fue la primera vez que el tribunal máximo permitió un estándar menor a lo que exige la Cuarta Enmienda a la Constitución. Antes de Terry, toda detención requería de causa probable, o motivos fundados de que el detenido estaba cometiendo o había cometido un delito. Con Terry todo cambió: ahora la policía sólo requería de “sospecha razonable”, una exigencia menor. Y también más ambigua, porque lo que es razonable para un policía puede no serlo para otro.
La Corte Suprema sabía que estaba entrando en terreno peligroso al legalizar “stop and frisk”. En más de una ocasión en Terry, Earl Warren, el juez jefe de la corte —además de ex fiscal y responsable de una serie de fallos históricos en el área de justicia penal— se refirió al “resentimiento” que tales detenciones y cateos causaban en grupos minoritarios, la mayoría de ellos negros en aquel tiempo.
La cautela del juez Warren era evidente. En su fallo, terminó calificando la práctica de “stop and frisk” como “una invasión grave a la santidad de una persona, capaz de causar gran indignidad y un fuerte resentimiento”, y que por lo tanto “no puede llevarse a cabo a la ligera”.
Palabras casi proféticas, porque es precisamente la ligereza con que NYPD ha impulsado la práctica de detención y cacheos en contra de latinos y negros, lo que ha desatado el furor que culminó con varios procesos judiciales, movilizaciones sociales y una campaña política que posicionó a Bill de Blasio en la alcaldía.
Pero nada de esto acaba con lo del resentimiento. El legado implícito de “stop and frisk” es una generación de jóvenes que confía poco o nada en la policía, se siente desprotegida y ha perdido su fe en las instituciones y sus representantes. Porque si para la ciudad todos los jóvenes de piel oscura son sospechosos sin sospecha alguna, ¿a quién acudirán cuando realmente lo necesiten?
Un informe publicado por el Vera Institute divulgó interesantes perspectivas de alrededor de 500 jóvenes neoyorquinos sobre sus experiencias con “stop and frisk”. La mayoría de los encuestados concordó con que sus vecindarios no le tienen confianza a la policía, que no se sentirían cómodos reportando un delito, o que no se atreverían a pedir ayuda, aún si fueren víctimas. En otras palabras, jóvenes inseguros en una ciudad que se jacta de su seguridad.
Es por eso que el desafío más grande de Bill Bratton va más allá de lo que haga con “stop and frisk”. Revertir el sentir del pueblo no se logra simplemente reduciendo la cantidad de detenciones; no se trata de un juego de números. (Los que, de paso, han bajado significativamente).
Los cambios se logran formando vínculos con la comunidad, haciéndola partícipe de la lucha contra la delincuencia. Se logran fomentando el respeto mutuo y el trato igualitario. Se logran resguardando el espíritu de Terry, inculcándoles a las policías que la integridad física de una persona es sagrada. Se logran recordándoles una y otra vez que ante la ley, ninguna persona es más o menos sospechosa por cómo se vista o el color de su piel. Es lo mínimo que nos pide la Constitución.
Bratton ya ha tenido gran éxito en mandatos anteriores, tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Ahora es su oportunidad de lograrlo otra vez.
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