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Si Brooklyn puede, Obama también

Opositores de Barack Obama han denunciado, una y otra vez, que haga lo que haga el presidente para descomprimir la crisis migratoria, será ilegal o inconstitucional. Necesita permiso del Congreso.

Pero algo que hizo el fiscal distrital de Brooklyn, Kenneth Thompson, sirve como ejemplo de que, en la práctica, las leyes funcionan de manera distinta. Y demuestra que es perfectamente legal en un sistema de gobierno —y para Obama— actuar de forma unilateral.

En julio, Thompson tomó la decisión de no procesar casos de personas detenidas por poseer cantidades menores de marihuana. La medida se aplicaría a personas con poco o sin historial delictivo. (El anuncio no le gustó mucho a la policía y hay quienes la cuestionan como política pública, pero ese es tema aparte.)

Thompson explicó que las miles de detenciones anuales por marihuana “son una carga” para el sistema de justicia penal, tanto en materia de recursos como para jóvenes y minorías raciales. También dio motivos administrativos y entregó algunas estadísticas judiciales.

Lo que hizo Thompson se conoce como “discreción procesal”, la decisión de no hacer cumplir ciertas leyes. Es lo mismo que quiere hacer Obama con sus propuestas migratorias.

La práctica no tiene nada de nuevo. Si usted conduce a exceso de velocidad y la policía lo ve y no hace nada, eso es discreción procesal. Un sinnúmero de leyes y reglamentos nunca se hacen cumplir simplemente porque no existen los recursos para hacerlo. O porque el gobierno de turno determina que tiene otras prioridades.

Esa es plena facultad de un poder ejecutivo. Obama, al decidir no deportar a millares de estudiantes indocumentados, ejerció su discreción procesal. Y si más adelante decide no deportar a sus padres y familiares, eso también sería discreción procesal. Lo mismo pasaría si decide darle baja prioridad a indocumentados que hayan cometido faltas menores para enfocarse sólo en aquellos que atentan contra la seguridad pública.

El no deportar no significa que Obama esté usurpando poderes que le corresponden al Congreso. Usurpación sería que Obama le dé nacionalidad a los DREAMers, o que emitiera una orden que permita a todo indocumentado recibir Medicaid u otro beneficio federal. Usurpación sería que Thompson legalizara la venta de marihuana.

Pero nada le impide al presidente o al fiscal reordenar sus prioridades y no hacer cumplir ciertas leyes. La esencia de la separación de poderes yace en que ningún poder del Estado le puede decir al otro cómo hacer su trabajo.

Ahora si el Congreso no quiere a más de 11 millones de indocumentados en el país, la solución es fácil: que apruebe una ley ordenando su expulsión inmediata. Pero esa ley no existe.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de El Diario.)
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