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Obama, el ilegal

Sin haber hecho mucho durante el año, el Congreso de Estados Unidos se fue de vacaciones.

Mientras las disfruta, el presidente Barack Obama ha anunciado que actuará de forma unilateral para descomprimir la crisis migratoria.

La oposición ya ha tildado sus intenciones de “ilícitas”. La palabra en inglés es lawless, algo así como “sin ley”. O quizás por sobre la ley. O ilegal.

Da lo mismo. La realidad es que nadie sabe lo que se propone el presidente. Sólo se sabe que actuará antes de que se acabe el receso legislativo.

Hay quienes vaticinan que el presidente expandirá el programa de acción diferida, bajo el cual miles de estudiantes indocumentados han podido obtener permisos de trabajo. Lo que no se sabe es cuán grande será la expansión, o si incluirá a familiares de los DREAMers.

Otros predicen que Obama pedirá que se cambie el reglamento que define a los indocumentados de “baja prioridad”, es decir, aquellos que no presentan un riesgo para la seguridad pública. De ser así, es posible que personas que hayan cometido faltas menores —a diferencia de delitos graves—, no se les considere “deportables” y se les permita quedarse.

Pero sea cual sea el curso que elija Obama, sus opositores en la Cámara y el Senado ya tienen prejuzgado su actuar. “Obama está actuando ilegalmente”. Otros son más alarmistas: “Obama está violando la Constitución”. ¿Pero es realmente así?

Si uno analiza la historia y el historial de Obama, se dará cuenta que las cosas no son tan graves como los Republicanos las hacen parecer, y que el presidente no necesita el permiso del Congreso para dictar políticas que están dentro de sus facultades.

La Constitución le da al presidente, como ejecutor de las leyes, la última palabra sobre cómo se ha de cumplir la ley. Si le da la gana, puede no hacerla cumplir. Eso es lo que se conoce como “discreción procesal”.

La policía hace lo mismo a cada rato. La ley manda que no se puede cruzar la calle a mitad de cuadra, pero uno no ve a la policía arrestando a los miles que lo hacen a diario en Nueva York. O multando a peatones que cruzan con la luz roja. O deteniendo a todos los carros que se pasan de la velocidad máxima.

De la misma forma, hay miles de leyes que siguen vigentes pero que simplemente no se hacen cumplir, ya sea por ser muy antiguas o porque simplemente no existen los recursos para hacerlo. El Ejecutivo tiene discrecionalidad absoluta para decidir cómo se cumplen las leyes.

Lo que Obama no puede hacer es ir más allá de lo que la ley permite, como otorgar residencia permanente a indocumentados u otros beneficios federales como Social Security o seguro médico. Eso sería usurpar el poder legislativo.

Pero decidir no hacer algo —como desistir en deportar a ciertos grupos o crear excepciones para casos especiales— es perfectamente constitucional. Todos los jefes de estado lo han hecho, tanto en temas migratorios como penales, tributarios y administrativos. No es nada nuevo.

El Congreso puede seguir disfrutando sus vacaciones.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de La Opinión.)

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