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Cuando la policía nos da la espalda

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de El Diario.)

El deber más importante de un servidor público es defender la Constitución de su país. De allí es que nace la labor primordial de un policía: proteger y servir al pueblo. La Constitución no es más que un reflejo de la voluntad del pueblo.

Desde esa misma Constitución se desprende el Estado de derecho: el orden democrático, las instituciones, las leyes y reglamentos, la policía misma. Las fuerzas del orden existen porque como sociedad hemos decidido armar, uniformar y remunerar a un grupo de hombres y mujeres para que lo mantengan.

Es por eso que la muerte de los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Liu sacudió a Nueva York. Cuando se atenta contra la vida de un policía, se atenta contra el Estado de derecho. Todos nos sentimos desprotegidos.

Pero igual nos sentimos desprotegidos cuando la policía nos da la espalda. Eso fue lo que ocurrió el sábado cuando decenas de uniformados —supuestamente de luto por la muerte de Ramos—, le dieron la espalda al alcalde Bill de Blasio durante el funeral del fallecido oficial.

Lo que hicieron estos uniformados no fue una protesta. Una verdadera protesta es parte legítima del contrato social, consagrada en el derecho a la libre expresión. Nada le impide a un policía expresarse y criticar a una autoridad cuando está fuera de servicio o en conversaciones privadas con colegas y familiares.

Pero cuando un uniformado, dotado de un arma y una insignia del Estado, se rebela en contra de un líder elegido por el pueblo en un acto público, su actuar no tiene nada de democrático. Es insubordinación. No es nada más y nada menos que una renuncia a su compromiso a resguardar la ley y el orden.

Imagínense que un maniático hubiese irrumpido en la ceremonia fúnebre, pistola en mano. ¿Habrían estado dispuestos los manifestantes a dar la vida por el alcalde? ¿A protegerlo del peligro? Lo más probable es que quizás ni se habrían percatado del riesgo. Un agente del Estado da la cara en tiempos de crisis, no la espalda.

La ironía de todo es que el show mediático que causó la policía neoyorquina el sábado es un capítulo más de una batalla campal que comenzó cuando De Blasio asumió el cargo. Porque fueron los votantes los que se cansaron de “stop and frisk”, una práctica discriminatoria e inconstitucional. Y fueron los votantes los que le dieron el poder a De Blasio.

Ahora esa misma promesa de campaña se ha vuelto en una espada de doble filo: la policía la está usando en contra de la voluntad del pueblo. Aquella mayoría que sólo pedía un trato más justo de sus fuerzas del orden.

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No a la politización de la tortura

El miércoles se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese mismo día, en Chile, un parlamentario pidió un minuto de silencio en el Congreso para honrar la memoria de Augusto Pinochet.

Parece un chiste cruel, pero así ocurrió. En los más de 40 años desde que el dictador le partió el alma a su país, siguen las divisiones sobre su legado. Aún se le homenajea, en desmedro de los miles que murieron, desaparecieron o fueron torturados bajo su régimen.

Estados Unidos tiene su propio historial de violaciones a los DD.HH. No son secreto de Estado.

El nuevo informe emitido por una comisión especial del Senado el martes agregó al listado de agravios. Dejó bien claro que la CIA, durante el mandato de George W. Bush, sí se excedió de su autoridad legal y rompió con protocolos al someter a presos de guerra a brutales interrogatorios. Tan brutales, que es más sensato llamarlos tortura.

La CIA se niega a tal designación. Como máximo, su director, John Brennan, llamó las tácticas “lamentables” y “aborrecibles”. Republicanos, por su parte, mantienen que las prácticas llevaron a la captura de Osama bin Laden y evitaron nuevos atentados como el del 11 de septiembre.

El informe del Senado refutó ambos argumentos. Pero la CIA y los Republicanos no dan el brazo a torcer. No hay quién convenza a quien.

Y de mantenerse así las cosas —o de anunciarse el enjuiciamiento de los responsables de estas atrocidades—, es posible que el tema de la tortura se polarice como lo han hecho el tema migratorio, el de la salud y el económico. Se volvería en otra contienda política.

Pero la tortura no se puede politizar. Si hay algo en que Demócratas y Republicanos debieran estar de acuerdo, no es sólo en la ilegalidad de la tortura, sino en su innegable inmoralidad. Siempre. Aceptar cualquier otra cosa iría en contra de la presunta autoridad moral que Estados Unidos pretenda ejercer en el resto del mundo.

Lo interesante es que el país ya ha tenido importantes debates morales en cuanto al valor de las personas, con altura de miras y sin cálculo político. Fue necesaria una guerra civil y centenares de miles de muertos, pero finalmente la nación pudo reconocer su error y terminar con la esclavitud después de defenderla por más de 150 años.

Lo mismo ocurrió con los campos de concentración japoneses de los años 40, tras el ataque a la base militar de Pearl Harbor. La Corte Suprema había declarado los campos legales, pero décadas más tarde los poderes del Estado supieron reconocer la injusticia, indemnizaron a las víctimas y se comprometieron para que tales agravios nunca volvieran a ocurrir.

Es por eso que el informe del Senado sobre la tortura, en vez de transformarse en un arma política que divida aún más al país, debiese ofrecer una oportunidad para que políticos de izquierda y derecha encuentren un punto en común. Un reconocimiento mutuo de que tal brutalidad no tiene cabida, y nunca más la tendrá, en el ordenamiento jurídico y moral del país.

Cualquier otra cosa sería defender lo indefendible. Al igual que inmerecidos homenajes.

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El regreso de Dante

Bill de Blasio jamás hubiese llegado a la alcaldía de Nueva York de no ser por el empuje que le dio su hijo Dante en la primaria Demócrata. Fue la estrella de la campaña.

Y al momento de saberse que un jurado de Staten Island no formularía cargos por la muerte de Eric Garner —el afroamericano que sufrió un paro respiratorio tras ser estrangulado por un policía—, Dante volvió a ser la estrella de su padre.

Pero esta vez no fue Dante quien le habló a los votantes de su padre. Su padre habló de él.

Y es que fue tal el desconsuelo y la frustración que causó el anuncio de que el oficial Daniel Pantaleo no enfrentaría a la justicia, que lo único que pudo hacer de Blasio fue dirigirse al pueblo en un tono familiar. No era tiempo para hablar de políticas, de reformas, de procesos legales, de lo que ha hecho y no ha hecho su jefe de policía, William Bratton.

Era tiempo de sincerarse. Y de hablarle a los neoyorquinos sin libretos y con la mano en el corazón. No como político —aunque es posible que sus dichos se lean como cálculo político—, sino como padre de un joven alto, imponente y de tez oscura. Un joven casi de la misma edad y tamaño que Michael Brown.

“Dante es un buen joven, cumple con la ley”, dijo de Blasio. “Jamás se le ocurriría hacer nada malo. Pero aun así . . . hemos tenido que entrenarlo —de la misma forma que lo han hecho otras familias por décadas— en cómo cuidarse si llegara a tener un encuentro con la policía, la que existe para protegerlo.

“Esa es la dolorosa contradicción con la que se enfrentan nuestros jóvenes: que la policía está aquí para protegernos . . . pero que a la misma vez hay una historia que tenemos que vencer. Porque muchos de nuestros jóvenes tienen miedo. Y muchas de nuestras familias tienen miedo.

“Así que con los años me he preocupado. Chirlane se ha preocupado. ¿Está Dante a salvo cada noche? Hay tantas familias en esta ciudad que se preguntan todas las noches, ¿está mi hijo a salvo? Y no sólo a salvo de las dolorosas realidades —como el crimen y la violencia en nuestros vecindarios—, sino de aquellas personas en las que tienen fe que las protejan. Esa es la realidad”.

Y con eso, de Blasio dijo lo justo y necesario. Podría haberse referido a los lazos del fiscal de Staten Island, Daniel Donovan, con la policía local. Podría haber mencionado las irregularidades del proceso legal. O de la presión política que ejercen los sindicatos policiales en esta clase de casos. O de sus planes de implementar un sistema de cámaras corporales para el NYPD. O de lo mucho que le falta para eliminar la discriminación racial.

Pero nada de eso habría consolado a la familia de Eric Garner, a la ciudad o al país. Por eso sólo se limitó a expresar sus condolencias. A valorar la vida de los afroamericanos. Y a recordarle a los neoyorquinos del hijo en el que muchos se vieron reflejados cuando votaron por él.

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#Ferguson: Ni justicia ni paz

(Una versión de esta artículo apareció en la edición impresa y digital de La Opinión.)

De todas las funciones de un fiscal, la menos trascendental es acusar a alguien de un delito.

Sol Wachtler, el otrora juez y ex-presidente del máximo tribunal de Nueva York, dijo en una ocasión que un fiscal podía acusar y procesar a un “sándwich de jamón” si así lo quisiera. Es así de simple el proceso.

Nada de esto ocurrió en Ferguson, Missouri.

Robert McCulloch, el fiscal a cargo de procesar a Darren Wilson, el policía que baleó a Michael Brown el verano pasado, hizo lo imposible para que no fuese acusado formalmente por la muerte del joven afroamericano. El lunes, el jurado indagatorio se negó a emitir cargos en contra de Wilson.

Desde un principio, se temió que McCulloch arreglaría el caso a su medida. Cuando el fiscal tenía doce años, su padre, policía de profesión, murió en el cumplimiento del deber producto de un altercado armado con un afroamericano. Desde ese entonces, McCulloch se entregó a la protección del orden público. Y al parecer, de los que protegen el orden público.

McCulloch trató a Wilson como a ninguno de los miles de sospechosos que ha investigado desde que juró como fiscal en 1991.

En un caso cualquiera, la obtención de cargos es pan comido. Sólo basta con presentar uno o dos testigos. Quizás alguna prueba física. O una confesión firmada. Lo suficiente para convencer al jurado que existe “causa probable” de un ilícito. Como máximo, el trámite dura un día.

Pero a diferencia de los jurados que se ven por televisión, el jurado indagatorio está a la merced del fiscal, quien actúa como juez y parte del proceso. No lo supervisa un magistrado. No hay abogado defensor que se le oponga. Las audiencias son secretas. El fiscal puede hasta omitir información que favorezca al acusado. El acusador tiene todas las de ganar.

Pero en el caso de Wilson, el acusador fue dócil con el acusado. Tan dócil, que hasta le permitió que diera su versión de los hechos, en la cual se refirió al joven Brown como a “un demonio”. La presentación de pruebas, incluyendo el testimonio de Wilson, duró 25 días. Declararon 60 testigos. Se excusaron errores, como la filtración de información secreta a la prensa.

En fin, el proceso estaba viciado; fue un montaje con pinta de legalidad. Cuando se informó que Wilson no enfrentaría cargos por la muerte de Brown, fue un desenlace que ya muchos divisaban a leguas.

Esa misma noche, Ferguson ardió. Por más de tres meses, sus habitantes clamaron “No justice no peace” . . . “sin justicia no hay paz”. Y al enterarse de cómo un fiscal no fue capaz de hacer la tarea más simple —formular cargos por la muerte de uno de los suyos—, la ausencia de justicia dio paso a la ausencia de paz.

Mientras siga la impunidad policial, Ferguson seguirá ardiendo.

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Marihuana: Falta mucho por hacer

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de El Diario.) 

Muchos aplaudieron cuando Bill de Blasio y William Bratton anunciaron que, a partir del lunes, ya no se detendría más a personas que posean cantidades menores de marihuana.

El cambio es positivo, pero no suficiente.

Bajo el antiguo sistema, un arresto podía conllevar a toda clase de pérdidas: de trabajo, de vivienda pública, de ayuda financiera, de otros beneficios sociales. Para indocumentados, un arresto podía significar hasta la expulsión del país.

Pero la nueva propuesta no es necesariamente mejor.

Cuando un joven es citado a corte por algún improperio —por orinar en la vía pública, por ejemplo—, una leve equivocación puede costarle caro. Más caro que la posible multa.

No presentarse podría resultar en una orden de arresto. Una orden de arresto podría resultar en un fin de semana en la cárcel si la policía se llega a enterar. Y un fin de semana en la cárcel significa pasar un lunes frente a un juez.

Pero allí no acaban las consecuencias.

Un lunes o cualquier otro día frente a un juez significa un día de trabajo perdido. Eso significa menos dinero para pagar la multa. Algunos hasta pierden el trabajo. Todo esto contribuye al ciclo de pobreza al que están sujetos millares de latinos y afroamericanos, por décadas los más afectados por políticas en contra de la marihuana.

Pero otras interrogantes surgen con el nuevo plan. ¿Quedará la multa registrada en el historial de la persona? ¿Qué consecuencias habrá en otras áreas, como en la obtención de empleo o de beneficios municipales? ¿Afectará a jóvenes que buscan ayuda financiera para costear su estudios?

Tampoco se ha informado si habrá una modernización al sistema de citaciones. En la ciudad de Nueva York, es sencillísimo pagar una multa por estar mal estacionacionado: se puede hacer por correo o vía Internet.

No así en el caso de faltas menores. Hoy por hoy, cientos de personas se ven obligadas a acudir a diario a Summons Court, el juzgado a cargo de estos cuasidelitos. El proceso es tedioso, toma horas, y parece más burocracia que un lugar apegado al derecho y el debido proceso. Agregar cientos de nuevos imputados a las largas filas no mejorará las cosas.

Pero esto último se presta para otra clase de abusos. De no haber un control adecuado que resguarde el derecho de las personas, ¿quién se preocupa de que el NYPD esté haciendo su trabajo correctamente? ¿Hay forma de que una persona se oponga a la legalidad del ticket? ¿Y qué si el oficial discriminó a la persona en base a su raza?

No es secreto que la ciudad de Nueva York penaliza más a latinos y afroamericanos por el consumo de marihuana. La nueva política de De Blasio sobre el tema no asegura que nada de esto cambie.

Quizás la solución es despenalizar la marihuana por completo.

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La “crisis constitucional” de Ted Cruz

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de La Opinión.)

El senador Ted Cruz es un hombre muy inteligente.

Educado en la facultad de derecho de Harvard, trabajó en la Corte Suprema de Estados Unidos como asistente de William Rehnquist, el otrora presidente del tribunal. Años más tarde, Cruz representaría al estado de Texas como su fiscal general frente al máximo tribunal.

El hombre sabe de leyes.

Resulta curioso que Cruz —al día siguiente de las elecciones que le dieron la victoria a los Republicanos en el Congreso— decidiera enviarle una carta a Harry Reid, el líder demócrata del Senado. La misiva no tenía nada que ver con la victoria.

En dos párrafos, Cruz le expresó a Reid su consternación por la intención del presidente Barack Obama de actuar de forma unilateral para “otorgarle amnistía” a inmigrantes indocumentados.

Lo de “amnistía” no es nada nuevo para Cruz, pero esto otro sí lo es: dijo que el actuar de Obama “creará una crisis constitucional”, de modo que el Congreso se verá obligado a “restaurar la separación de poderes”. Instó a Reid a “proteger la Constitución” y a hacer todo lo posible para “balancear” el poder del presidente.

Pero lo que escribió Cruz es una contradicción. Y es inverosímil desde un punto de vista constitucional.

Cruz se contradice porque al inmiscuirse en lo que puede o no puede hacer Obama, él mismo se está entrometiendo en las labores de otro poder del Estado. La tarea de Cruz es aprobar o revocar leyes; la de Obama es hacerlas cumplir.

Pero Obama también puede no hacerlas cumplir. La decisión de no deportar a alguien es lo que se conoce como “discreción procesal”, una facultad del Ejecutivo que se extiende a toda ley habida y por haber: ambientales, penales, tributarias, administrativas, etc.

Allí también, Cruz no puede decirle a Obama qué hacer y qué no hacer. No es de su competencia.

Además está el hecho de que nadie sabe lo que se propone Obama. Sólo se sabe que actuará antes de fin de año y que actuará dentro de los límites de la ley. Entre sus planes se rumorea que expanda el programa de acción diferida para que beneficie a más indocumentados.

¿Pero es el programa de acción diferida ilegal? Si DACA desde un comienzo fue un problema constitucional, ¿por qué nunca se tomaron medidas legales para detenerlo?

Kris Kobach, el secretario de estado de Kansas —además de artífice de la ley SB1070 en Arizona— hizo lo que Cruz o Boehner nunca hicieron y demandó al gobierno federal por establecer el programa de acción diferida.

En julio del año pasado, la demanda fue desechada por un juez federal.

Y es muy probable que cualquier demanda que Boehner o Cruz presenten —si es que se atreven—, también sea desechada. No por falta de argumentos, sino porque el Poder Judicial sí sabe de separación de poderes. Al no ser elegidos por voto popular, sus jueces prefieren no meterse en contiendas políticas ajenas. Y mucho menos si no hay crisis constitucional alguna.

Esto es algo que Cruz, más que nadie, sabe muy bien.

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Policía y democracia

Para muchos neoyorquinos la era de “stop and frisk” ya es historia. No así para los sindicatos policiales.

Desde que un tribunal federal declaró que la práctica es inconstitucional —hace ya más de un año—, los gremios se han querido entrometer en un litigio del cual nunca fueron parte. Y siguen retrasando un proceso de reforma que ya debería haber comenzado hace rato.

El miércoles pasado, los abogados de tres sindicatos —policías, sargentos y detectives— intentaron convencer a jueces de un tribunal de apelaciones, de que sí, los sindicatos merecen ser incluidos en el pleito legal.

Pero en julio, la jueza Analisa Torres ya les había dicho —en un fallo de más de cien páginas— que no, que no existe ningún recurso legal que permita a los sindicatos intervenir en un caso que, de no ser por sus plegarias, ya estaría cerrado.

Los jueces de la corte de apelaciones se mostraron igual de escépticos.

“¿Quién controla el departamento de policía?”, preguntó el juez Barrington Parker a uno de los abogados de los sindicatos. “¿Es la PBA —sus clientes— o el comisionado?”

El juez John Walker prosiguió con los cuestionamientos: “¿Qué esperan ganar los sindicatos con esta apelación? La ciudad ya ha cambiado de posición. La NYPD ha cambiado de posición. El estatus quo . . . ya no existe”.

Durante un tenso intercambio con uno de los abogados, el juez Parker señaló que los sindicatos sólo querían meterse al litigio para obtener una “moneda de cambio” en sus negociaciones contractuales con la ciudad, lo que el abogado no negó.

Parker agregó que la ciudad ahora cuenta con un nuevo comisionado y un nuevo concejo municipal que quieren que la NYPD se comporte de manera diferente.

“Ese es el proceso democrático”, agregó. “Eso es algo con lo que se tiene que aprender a vivir”.

El juez le dio en el clavo al problema de los sindicatos. No es que sus representados no tengan derechos. O que no hagan bien su trabajo. O que todos actúen de forma inconstitucional. El problema es que los sindicatos quieren usurpar la voluntad del pueblo.

Porque fue el pueblo quien se opuso férreamente a la práctica de “stop and frisk”. Fue el pueblo el que se cansó de los abusos y de la discriminación racial. Y fue el pueblo el que le otorgó la victoria a Bill de Blasio para que hiciera eco de sus desaires e iniciara reformas a la policía.

Todas esas reformas siguen pendientes porque los sindicatos siguen entorpeciendo el proceso judicial. Y con cada minuto de obstrucción, los sindicatos se oponen a algo que la democracia ya decidió: que “stop and frisk” dejó de ser política pública al momento que Michael Bloomberg dejó de ser alcalde.

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