Civil Rights, New York

What it means when police turn their backs

(This article was originally published on Fox News Latino.)

Public servants take an oath to protect and uphold the Constitution and laws. From that solemn oath stems a police officer’s duty to serve and protect the public. The Constitution is merely a reflection of the will of the people.

The rule of law also flows out of the Constitution: the democratic order, public institutions, statutes and regulations, policing itself. Law and order exist because as society we have deemed vital to grant a shield, a weapon, and a salary to the men and women tasked with keeping it.

That’s why New York and the country shook when a deranged gunman shot and killed police officers Rafael Ramos and Wenjian Liu. When you threaten the life of a police officer, you threaten the rule of law itself. Everyone feels unprotected.

But we also feel unprotected when police turn their backs. That’s precisely what happened when scores of people in uniform—ostensibly in mourning over Ramos and Liu’s senseless deaths—turned their backs on Mayor Bill de Blasio during the officers’ funerals.

Turning your back on the mayor is not a protest. A real protest is a legitimate part of the social contract, enshrined in the First Amendment right of free speech. Nothing stops an officer from freely expressing himself or criticizing political leaders when off duty, or in private with colleagues and family members.

But when a police officer—in uniform, armed, and bearing a shield that represents us all—stages an act of defiance in public and in front of an official elected by the public, there’s nothing legitimate or democratic about his actions. It’s insubordination. It’s a violation of their oath to protect and uphold the Constitution and laws.

Suppose for a moment that another lunatic with a gun, the kind that kills public officials, would’ve interrupted the ceremonies. Would any of the back-turning officers have bothered to make the ultimate sacrifice and protect the mayor? Would they even have noticed? Anyone worthy to bear the shield of the state stands at attention in time of crisis, not turn his back.

Which is why this spectacle should not be read through the lens of politics or opportunism; it is instead a constitutional problem. What happened in New York should be a cautionary tale for the United States. Is this the kind of force the country wants enforcing its laws, its ideals, its institutions?

The irony of this episode is that it finds its roots in another constitutional issue: the discriminatory application of stop-and-frisk tactics on New Yorkers of color. Last year, a federal court in Manhattan declared the NYPD’s application of such tactics unconstitutional. But police unions attempted to appeal the ruling, arguing in court that compliance with it dealt a blow to police morale and its bargaining rights with the city. A panel of federal appellate judges roundly dismissed those concerns.

It’s a troubling precedent nonetheless—the notion that police reputation and self-interest somehow trumps compliance with the Constitution. That it trumps the will of the people. The same people who put Bill de Blasio in power. The same people who grew weary of stop-and-frisk and simply asked for fairer treatment from those who took an oath to serve and protect them.

If police turning their backs on an elected leader—on the people—doesn’t get us to rethink the kind of men and women we want defending everything we hold dear, then nothing will.

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Marihuana: Falta mucho por hacer

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de El Diario.) 

Muchos aplaudieron cuando Bill de Blasio y William Bratton anunciaron que, a partir del lunes, ya no se detendría más a personas que posean cantidades menores de marihuana.

El cambio es positivo, pero no suficiente.

Bajo el antiguo sistema, un arresto podía conllevar a toda clase de pérdidas: de trabajo, de vivienda pública, de ayuda financiera, de otros beneficios sociales. Para indocumentados, un arresto podía significar hasta la expulsión del país.

Pero la nueva propuesta no es necesariamente mejor.

Cuando un joven es citado a corte por algún improperio —por orinar en la vía pública, por ejemplo—, una leve equivocación puede costarle caro. Más caro que la posible multa.

No presentarse podría resultar en una orden de arresto. Una orden de arresto podría resultar en un fin de semana en la cárcel si la policía se llega a enterar. Y un fin de semana en la cárcel significa pasar un lunes frente a un juez.

Pero allí no acaban las consecuencias.

Un lunes o cualquier otro día frente a un juez significa un día de trabajo perdido. Eso significa menos dinero para pagar la multa. Algunos hasta pierden el trabajo. Todo esto contribuye al ciclo de pobreza al que están sujetos millares de latinos y afroamericanos, por décadas los más afectados por políticas en contra de la marihuana.

Pero otras interrogantes surgen con el nuevo plan. ¿Quedará la multa registrada en el historial de la persona? ¿Qué consecuencias habrá en otras áreas, como en la obtención de empleo o de beneficios municipales? ¿Afectará a jóvenes que buscan ayuda financiera para costear su estudios?

Tampoco se ha informado si habrá una modernización al sistema de citaciones. En la ciudad de Nueva York, es sencillísimo pagar una multa por estar mal estacionacionado: se puede hacer por correo o vía Internet.

No así en el caso de faltas menores. Hoy por hoy, cientos de personas se ven obligadas a acudir a diario a Summons Court, el juzgado a cargo de estos cuasidelitos. El proceso es tedioso, toma horas, y parece más burocracia que un lugar apegado al derecho y el debido proceso. Agregar cientos de nuevos imputados a las largas filas no mejorará las cosas.

Pero esto último se presta para otra clase de abusos. De no haber un control adecuado que resguarde el derecho de las personas, ¿quién se preocupa de que el NYPD esté haciendo su trabajo correctamente? ¿Hay forma de que una persona se oponga a la legalidad del ticket? ¿Y qué si el oficial discriminó a la persona en base a su raza?

No es secreto que la ciudad de Nueva York penaliza más a latinos y afroamericanos por el consumo de marihuana. La nueva política de De Blasio sobre el tema no asegura que nada de esto cambie.

Quizás la solución es despenalizar la marihuana por completo.

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El gran desafío del nuevo jefe policial

Con el anuncio de que Bill Bratton será el sucesor de Ray Kelly a la cabeza del Departamento de Policía de Nueva York, el alcalde-electo Bill de Blasio dejó una cosa bien clara: la cuestionada práctica de “stop and frisk” seguirá vigente.

De hecho, ya varios han puesto en duda si Bratton está a la altura de lo que de Blasio prometió en su campaña.

Pero nada de esto es motivo para alarmarse. Por lo menos no todavía.

“Stop and frisk” —o la breve detención y cateo de ciertos sospechosos por parte de la policía— ha sido legal en Estados Unidos desde 1968, cuando la Corte Suprema le dio el visto bueno en el caso Terry v. Ohio.

El fallo causó revuelo porque fue la primera vez que el tribunal máximo permitió un estándar menor a lo que exige la Cuarta Enmienda a la Constitución. Antes de Terry, toda detención requería de causa probable, o motivos fundados de que el detenido estaba cometiendo o había cometido un delito. Con Terry todo cambió: ahora la policía sólo requería de “sospecha razonable”, una exigencia menor. Y también más ambigua, porque lo que es razonable para un policía puede no serlo para otro.

La Corte Suprema sabía que estaba entrando en terreno peligroso al legalizar “stop and frisk”. En más de una ocasión en Terry, Earl Warren, el juez jefe de la corte —además de ex fiscal y responsable de una serie de fallos históricos en el área de justicia penal— se refirió al “resentimiento” que tales detenciones y cateos causaban en grupos minoritarios, la mayoría de ellos negros en aquel tiempo.

La cautela del juez Warren era evidente. En su fallo, terminó calificando la práctica de “stop and frisk” como “una invasión grave a la santidad de una persona, capaz de causar gran indignidad y un fuerte resentimiento”, y que por lo tanto “no puede llevarse a cabo a la ligera”.

Palabras casi proféticas, porque es precisamente la ligereza con que NYPD ha impulsado la práctica de detención y cacheos en contra de latinos y negros, lo que ha desatado el furor que culminó con varios procesos judiciales, movilizaciones sociales y una campaña política que posicionó a Bill de Blasio en la alcaldía.

Pero nada de esto acaba con lo del resentimiento. El legado implícito de “stop and frisk” es una generación de jóvenes que confía poco o nada en la policía, se siente desprotegida y ha perdido su fe en las instituciones y sus representantes. Porque si para la ciudad todos los jóvenes de piel oscura son sospechosos sin sospecha alguna, ¿a quién acudirán cuando realmente lo necesiten?

Un informe publicado por el Vera Institute divulgó interesantes perspectivas de alrededor de 500 jóvenes neoyorquinos sobre sus experiencias con “stop and frisk”. La mayoría de los encuestados concordó con que sus vecindarios no le tienen confianza a la policía, que no se sentirían cómodos reportando un delito, o que no se atreverían a pedir ayuda, aún si fueren víctimas. En otras palabras, jóvenes inseguros en una ciudad que se jacta de su seguridad.

Es por eso que el desafío más grande de Bill Bratton va más allá de lo que haga con “stop and frisk”. Revertir el sentir del pueblo no se logra simplemente reduciendo la cantidad de detenciones; no se trata de un juego de números. (Los que, de paso, han bajado significativamente).

Los cambios se logran formando vínculos con la comunidad, haciéndola partícipe de la lucha contra la delincuencia. Se logran fomentando el respeto mutuo y el trato igualitario. Se logran resguardando el espíritu de Terry, inculcándoles a las policías que la integridad física de una persona es sagrada. Se logran recordándoles una y otra vez que ante la ley, ninguna persona es más o menos sospechosa por cómo se vista o el color de su piel. Es lo mínimo que nos pide la Constitución.

Bratton ya ha tenido gran éxito en mandatos anteriores, tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Ahora es su oportunidad de lograrlo otra vez.

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