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Cuando la policía nos da la espalda

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de El Diario.)

El deber más importante de un servidor público es defender la Constitución de su país. De allí es que nace la labor primordial de un policía: proteger y servir al pueblo. La Constitución no es más que un reflejo de la voluntad del pueblo.

Desde esa misma Constitución se desprende el Estado de derecho: el orden democrático, las instituciones, las leyes y reglamentos, la policía misma. Las fuerzas del orden existen porque como sociedad hemos decidido armar, uniformar y remunerar a un grupo de hombres y mujeres para que lo mantengan.

Es por eso que la muerte de los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Liu sacudió a Nueva York. Cuando se atenta contra la vida de un policía, se atenta contra el Estado de derecho. Todos nos sentimos desprotegidos.

Pero igual nos sentimos desprotegidos cuando la policía nos da la espalda. Eso fue lo que ocurrió el sábado cuando decenas de uniformados —supuestamente de luto por la muerte de Ramos—, le dieron la espalda al alcalde Bill de Blasio durante el funeral del fallecido oficial.

Lo que hicieron estos uniformados no fue una protesta. Una verdadera protesta es parte legítima del contrato social, consagrada en el derecho a la libre expresión. Nada le impide a un policía expresarse y criticar a una autoridad cuando está fuera de servicio o en conversaciones privadas con colegas y familiares.

Pero cuando un uniformado, dotado de un arma y una insignia del Estado, se rebela en contra de un líder elegido por el pueblo en un acto público, su actuar no tiene nada de democrático. Es insubordinación. No es nada más y nada menos que una renuncia a su compromiso a resguardar la ley y el orden.

Imagínense que un maniático hubiese irrumpido en la ceremonia fúnebre, pistola en mano. ¿Habrían estado dispuestos los manifestantes a dar la vida por el alcalde? ¿A protegerlo del peligro? Lo más probable es que quizás ni se habrían percatado del riesgo. Un agente del Estado da la cara en tiempos de crisis, no la espalda.

La ironía de todo es que el show mediático que causó la policía neoyorquina el sábado es un capítulo más de una batalla campal que comenzó cuando De Blasio asumió el cargo. Porque fueron los votantes los que se cansaron de “stop and frisk”, una práctica discriminatoria e inconstitucional. Y fueron los votantes los que le dieron el poder a De Blasio.

Ahora esa misma promesa de campaña se ha vuelto en una espada de doble filo: la policía la está usando en contra de la voluntad del pueblo. Aquella mayoría que sólo pedía un trato más justo de sus fuerzas del orden.

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Marihuana: Falta mucho por hacer

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de El Diario.) 

Muchos aplaudieron cuando Bill de Blasio y William Bratton anunciaron que, a partir del lunes, ya no se detendría más a personas que posean cantidades menores de marihuana.

El cambio es positivo, pero no suficiente.

Bajo el antiguo sistema, un arresto podía conllevar a toda clase de pérdidas: de trabajo, de vivienda pública, de ayuda financiera, de otros beneficios sociales. Para indocumentados, un arresto podía significar hasta la expulsión del país.

Pero la nueva propuesta no es necesariamente mejor.

Cuando un joven es citado a corte por algún improperio —por orinar en la vía pública, por ejemplo—, una leve equivocación puede costarle caro. Más caro que la posible multa.

No presentarse podría resultar en una orden de arresto. Una orden de arresto podría resultar en un fin de semana en la cárcel si la policía se llega a enterar. Y un fin de semana en la cárcel significa pasar un lunes frente a un juez.

Pero allí no acaban las consecuencias.

Un lunes o cualquier otro día frente a un juez significa un día de trabajo perdido. Eso significa menos dinero para pagar la multa. Algunos hasta pierden el trabajo. Todo esto contribuye al ciclo de pobreza al que están sujetos millares de latinos y afroamericanos, por décadas los más afectados por políticas en contra de la marihuana.

Pero otras interrogantes surgen con el nuevo plan. ¿Quedará la multa registrada en el historial de la persona? ¿Qué consecuencias habrá en otras áreas, como en la obtención de empleo o de beneficios municipales? ¿Afectará a jóvenes que buscan ayuda financiera para costear su estudios?

Tampoco se ha informado si habrá una modernización al sistema de citaciones. En la ciudad de Nueva York, es sencillísimo pagar una multa por estar mal estacionacionado: se puede hacer por correo o vía Internet.

No así en el caso de faltas menores. Hoy por hoy, cientos de personas se ven obligadas a acudir a diario a Summons Court, el juzgado a cargo de estos cuasidelitos. El proceso es tedioso, toma horas, y parece más burocracia que un lugar apegado al derecho y el debido proceso. Agregar cientos de nuevos imputados a las largas filas no mejorará las cosas.

Pero esto último se presta para otra clase de abusos. De no haber un control adecuado que resguarde el derecho de las personas, ¿quién se preocupa de que el NYPD esté haciendo su trabajo correctamente? ¿Hay forma de que una persona se oponga a la legalidad del ticket? ¿Y qué si el oficial discriminó a la persona en base a su raza?

No es secreto que la ciudad de Nueva York penaliza más a latinos y afroamericanos por el consumo de marihuana. La nueva política de De Blasio sobre el tema no asegura que nada de esto cambie.

Quizás la solución es despenalizar la marihuana por completo.

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Silencio supremo

Se esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos comenzara su año judicial sin pena ni gloria. Pero lo que ocurrió ayer, en su primer día en sesión, fue caótico e histórico. Tomó por sorpresa a medio mundo.

Sin dar explicaciones y en siete órdenes de una línea cada una, la Corte Suprema rechazó siete casos provenientes de cinco estados en los que pudo haber decidido si la Constitución consagra el derecho de gays y lesbianas a casarse.

En otras palabras, la Corte decidió no meterse al tema del matrimonio gay. No habrá derecho constitucional para aquello. No por ahora.

El anuncio causó confusión en la sala de prensa de la Corte. Debido a problemas comunicacionales, el personal encargado de repartir las órdenes del día omitió 33 páginas de fallos y dictámenes en las que se encontraban las siete líneas clave.

Irónica omisión y quizás la más histórica en los 225 años que tiene la Corte. Ya que el silencio de los jueces en esos siete casos significó que, efectivamente, el matrimonio gay se ha vuelto legal en los conservadores estados de Indiana, Wisconsin, Oklahoma, Virginia y Utah.

En los cinco estados, tribunales menores ya habían fallado a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con el silencio de la Corte, todos esos fallos entran en rigor.

Pero eso no es todo. Con el silencio de la Corte, esos mismos fallos servirán de base legal para que seis estados con fallos pendientes —en Colorado, Kansas, Wyoming, West Virginia y Carolina del Norte y del Sur— también puedan abrir paso al matrimonio gay.

Es decir, sin hacer nada, la Corte Suprema permitió que el número de estados donde parejas del mismo sexo pueden casarse llegue a treinta, más el Distrito de Columbia. Esto significa que el matrimoino gay es legal en la mayoría de los Estados Unidos, cuando hace sólo dos años apenas lo era en seis estados y en la capital.

Este avance estatal del matrimonio gay pudo haber motivado que la Corte no hiciera nada. Procesalmente hablando, la Corte Suprema sólo decide casos donde hay discrepancias en la jurisprudencia. Pero como hasta ahora no ha habido conflictos judiciales sobre el tema, la Corte decidió no inmiscuirse.

Por otro lado está el hecho de que el matrimonio gay aún divide a la opinión pública. Al no ser escogidos por voto popular, los miembros de la Corte Suprema prefieren no tomar posiciones sobre temas que puedan encender las pasiones del electorado. Prefieren que el Estado de derecho —el proceso democrático, la legislación, los tribunales estatales y federales— sea el que decida diferencias de opinión.

Y al no haber diferencias de opinión sobre el matrimonio gay a nivel judicial, la Corte Suprema prefirió guardar silencio.

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La tormenta perfecta

Siguen los baldes de agua fría para Bill de Blasio. Podría decirse que esta es su peor semana desde que asumió como alcalde.

No porque haya hecho algo malo o porque no haya hecho lo suficiente. Sino porque su bandera de campaña, los derechos civiles —causa que lo llevó a la alcaldía—, ha sido pisoteada por una serie de acontecimientos.

El más importante de todos es el caso de Eric Garner, el hombre estrangulado por un policía en Staten Island. El caso sigue al rojo vivo.

El reverendo Al Sharpton está enojado. Los sindicatos de la policía están enojados. La familia de Garner pide que se haga justicia. El joven que grabó el video de Garner, Ramsey Orta, y su esposa, Chrissie Ortiz, ambos fueron arrestados por incidentes aislados.

El caso se ha transformado en un desastre mediático. De Blasio, por su parte, no ha dicho mucho.

Dos informes dados a conocer el lunes sí han dado mucho de qué hablar. El primero tiene que ver con el cuestionado programa “ventanas rotas”, la práctica policial que permite la fiscalización de faltas menores —andar en bicicleta por la acera, orinar en público, beber al aire libre—, para así evitar o desincentivar delitos mayores.

El informe, dado a conocer por el periódico Daily News, arrojó que los más afectados por el programa son negros y latinos. De las 7,3 millones de personas que recibieron multas entre 2001 y 2013, alrededor de un 81% fueron minorías, según cálculos de NYCLU, la agencia de derechos civiles.

Bill Bratton, el nuevo comisionado policial, ha defendido la práctica. De hecho, fue él quien la implementó en 1990, cuando estaba a cargo de la policía de transportes. Después la expandió como comisionado del ex alcalde Rudy Giuliani. De Blasio, por su parte, ha apoyado a Bratton. Y Sharpton, ni tonto ni perezoso, se fue en contra de ambos: quiere organizar una marcha por el puente Verrazano para demostrar su desagrado. (El puente une a Staten Island y Brooklyn.)

El otro informe salió a la luz por medio del fiscal federal de Manhattan, Prett Bharara, cuya agencia investigó el maltrato que sufren jóvenes menores de edad en la cárcel de Rikers Island. La investigación encontró de todo: Uso excesivo de violencia por parte de los guardias; centenares de heridas de mediana y alta gravedad a raíz de peleas y enfrentamientos; uso desmesurado de aislamiento carcelario; y falta de supervisión adecuada y recursos para atender las necesidades de los adolescentes.

Es decir, no hay descanso para de Blasio en lo que respecta a los derechos civiles.

Muchos de los que votaron por él ya lo aplaudieron por cómo manejó el cierre de los casos “stop-and-frisk” y Central Park Five. Pero esos fueron conflictos heredados. Cómo maneje estas nuevas crisis podrían terminar definiendo la era de Blasio.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de El Diario.)

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Desenredando el caso Garner

Habló el médico forense, y lo que dijo no se presta para dobles lecturas: Eric Garner fue víctima de un homicidio.

El anuncio ha vuelto el caso de Garner mucho más complicado.

Por un lado está el reverendo Al Sharpton, quien al darse a conocer el informe con las causales de la muerte de Garner, pidió de inmediato la detención de Daniel Pantaleo, el oficial a cargo de la cuestionada maniobra que terminó con la vida del residente de Staten Island.

Por otro lado está el reciente arresto de Ramsey Orta, el joven de 22 años que grabó el incidente en su smartphone. El fin de semana fue detenido por supuesta tenencia ilícita de armas.

Y para qué hablar del presidente del sindicato de policías, Patrick Lynch. Apenas se supo del arresto de Orta, Lynch se aprovechó del pánico y, por medio de un comunicado, tildó al joven de “criminal” y lo fustigó por “demonizar la buena labor de la policía”.

Poco a poco, la situación se está volviendo en un circo político. He aquí un leve intento a desenredar el asunto.

Con respecto a las exigencias de Sharpton, arrestar a Pantaleo no serviría de nada y sólo crisparía más el ambiente. Primero porque el oficial ya ha sido recibido sanción administrativa; se le despojó de su insignia y arma de servicio. Segundo porque sigue en curso una investigación interna de parte de la NYPD. Y tercero porque, legalmente, la existencia de un homicidio no significa necesariamente que haya ocurrido un crimen; la ley exige intencionalidad —o como mínimo “negligencia criminal”—, lo que hasta ahora no se ha determinado.

En cuanto al arresto de Orta, sus problemas con la ley no tienen nada que ver con el caso Garner. Sea o no culpable de lo que se le acusa, su rol como testigo en la muerte de Garner es un hecho irrefutable. El video está. Millones lo han visto. #EricGarner se ha vuelto tendencia nacional en Twitter. Lo que ocurra judicialmente con Orta por lo que ocurrió el fin de semana es sólo una distracción. No hay que confundir las cosas.

Lo lamentable es que Lynch, el presidente del Patrolmen’s Benevolent Association, sabe que el arresto de Orta es una distracción, y su organización la está explotando al máximo. De no ser así, ¿cómo explicar su comunicado de prensa condenando al joven, un día domingo? ¿Le hubiese interesado interrumpir su día libre si se tratara de otro delito u otro involucrado?

En política, a lo de Lynch se le llama “asesinato de carácter”. No es un crimen, pero sí es muy efectivo de frente a causas judiciales de envergadura.

Asesinar el carácter de Orta es efectivo porque no cabe duda de que si el caso Garner se materializa en una causa penal o civil —ya sea en contra de Pantaleo o en contra de la ciudad—, el video jugará un rol importante. Y qué mejor manera de impugnar la importancia al video que poniendo el tela de juicio el carácter de quién lo filmó. Y a veces, todo lo que necesita un jurado es una semilla de duda para tomar una determinación.

De todos modos, los hechos están. La opinión pública sigue el caso muy de cerca, y muchos quieren justicia. Y Eric Garner, que en paz descanse, ya es un mártir de los derechos civiles. Por donde se le mire, su caso definirá la era de Blasio y las relaciones entre la comunidad y la NYPD que el alcalde se propuso enmendar desde un comienzo.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de El Diario.)

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La justicia tarda pero llega

Es sólo un detalle estructural, pero si uno mira detenidamente los postes del alumbrado que rodean la Corte Suprema de Estados Unidos, se dará cuenta que cada base está compuesta de tortugas.

La justicia es lenta, y muchas veces tortuosa y tardía. Pero llega.

Después de 25 años de espera, finalmente se hizo justicia para el grupo de jóvenes —ahora hombres— conocido como los “Central Park Five”. La ciudad de Nueva York ha llegado a un acuerdo extrajudicial que, de aprobarse, resultaría en una indemnización de 40 millones de dólares por su errónea condena.

En 1990, los cinco jóvenes fueron condenados y encarcelados por el brutal ataque y violación a una mujer que había salido a correr en Central Park. Nunca pusieron un dedo sobre ella.

Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana y Yusef Salaam pasaron casi siete años tras las rejas. Kharey Wise, alrededor de trece. En 2002, fueron exonerados por un tribunal en Nueva York después que el verdadero culpable, Matías Reyes, confesara el crimen. Pruebas de ADN corroboraron su confesión.

Ahora los cinco hombres recibirán alrededor de un millón de dólares por cada año que pasaron recluidos. La suma es impresionante y puede que ayude a sanar heridas. Pero no hay monto que cubra el daño hecho.

Porque no hay persona que se recupere fácilmente de ser condenado por un crimen que no cometió. Que lo hayan tildado de “violador” y “salvaje”. Miembro de una “manada de lobos”. Aún sin que siquiera empezara el juicio, Donald Trump pidió la pena de muerte. El alcalde del momento, Ed Koch, calificó los hechos como “el crimen del siglo”.

Si hubo un caso que ejemplificó las tensiones raciales de los años noventa, fue el de los Central Park Five.

Pero aún con su exoneración en 2002, el calvario no acabó. La ciudad siguió peleando, oponiéndose férreamente a una demanda que interpusieron los hombres por violaciones a sus derechos civiles. La batalla legal duró el mandato entero del ex alcalde Michael Bloomberg.

La ciudad una y otra vez se aferró a su postura de que el caso no tenía nada que ver con cinco hombres condenados injustificadamente. No. Para Bloomberg y sus abogados, el meollo del caso era averiguar si la policía y los fiscales actuaron o no de buena fe. Y para la ciudad, todos los oficiales a cargo del caso actuaron de buena fe. No hubo comportamiento indebido.

Fue necesario un cambio de mando y una promesa de campaña de Bill de Blasio para que el tono de la conversación en torno al caso cambiara. El lunes, de Blasio defendió el acuerdo indemnizatorio y dijo que era “una obligación moral responder a la injusticia” del caso.

Y la ciudad respondió. Se demoró 25 años, pero lo hizo. Como tortuga, la justicia tardó. Pero llegó.

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Defensor de derechos, no de asesinos

Pocos conocen al neoyorquino Debo P. Adegbile. Después de lo que le ocurrió en el Senado estadounidense, lo más probable es que pocos lo lleguen a conocer.

Adegbile, abogado de profesión, fue nominado por el presidente Barack Obama para dirigir la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El Senado rechazó su nominación.

El pecado capital de Adegbile, según la cámara alta del Congreso: defender a un asesino.

Cuando Adegbile trabajaba para la NAACP, la reconocida organización de derechos civiles, representó a Mumia Abu-Jamal, un hombre condenado a la pena de muerte por asesinar a un policía en Filadelfia. En política y en la vida, no caen muy bien los que matan a policías.

Por lo visto, tampoco cae bien ser el abogado de uno.

La defensa de Adegbile, eso sí, no se centró en insistir que Abu-Jamal era inocente; el jurado ya lo había condenado. Adegbile lo representó después de su sentencia, argumentando que el juez que lo condenó cometió un error procesal que violó los derechos constitucionales de su cliente.

¿Por qué se involucró la NAACP? Porque la pena de muerte, históricamente, se ha aplicado de forma racista y desproporcionada a más negros que blancos. La NAACP decidió apelar la sentencia sólo para dejar constancia de que, según la Constitución, motivos raciales no pueden formar parte del proceso condenatorio. Nunca. (Dos cortes de apelaciones, en 2008 y 2011, le dieron la razón a la NAACP.)

Aun así, el Senado se dejó llevar por el coro de parlamentarios que tildaron a Adegbile de “defensor de asesinos” —o peor, un cop killer—, y rechazaron su designación a un órgano federal cuya principal labor es la defensa de los derechos civiles, precisamente por defender los derechos civiles de alguien.

Lo que hizo el Senado no es solamente insólito, sino que sienta un terrible precedente, por varios motivos.

Primero, porque todos tenemos derechos constitucionales, entre los cuales se encuentra el derecho a ser representado por un abogado en causas penales. Al rechazar a Adegbile por representar a un hombre poco popular —que igual tiene derechos—, el Senado le dio una bofetada a todos aquellos abogados que representan a personas mal vistas por la sociedad. Pero lo bello de la Constitución es que no hace acepción de personas. Todos merecen una representación ferviente y eficaz, independiente del delito. Todos merecen el resguardo de sus derechos ante el inmenso poder del Estado.

Segundo, lo que hizo el Senado fue denigrar la vocación al servicio público. Ser un abogado de derechos civiles o defensor público no es tan lucrativo como ser un abogado corporativo. Se gana mucho menos defendiendo a un latino acusado de robarse una bicicleta que a un ejecutivo de Wall Street acusado de robarse millones. El mismo presidente de la Corte Suprema, John Roberts, una vez defendió a un asesino en serie. La gran diferencia entre Roberts y Adegbile es que el primero trabajó para una gran firma de abogados —de esas que defiende a ejecutivos—, mientras que Adegbile trabajó para la NAACP. Pero de estos dos sólo Roberts fue confirmado a su cargo por el Senado. ¿Doble estándar?

Por último, el rechazo que sufrió Adegbile demuestra la desmedida influencia que tienen los medios conservadores para sembrar el terror. Porque no importa la larga lista de logros que tenga Adegbile; el puro hecho de haber defendido los derechos de un cliente impopular, causó una ola de críticas de parte de Fox News y sus aliados políticos. Todas han sido desacreditadas por no apegarse a los hechos. Si el Senado continúa cediendo a presiones sin fundamento, muy pronto perderá toda relevancia como institución democrática. (Hay quienes piensan que ya lo ha hecho.)

Se requiere una entrega especial para ser abogado de los menos afortunados, sean éstos minorías, discapacitados, inmigrantes, gays o trabajadores. Cuando un poder del Estado pone en tela de juicio la nobleza de esta labor, serán menos los que algún día se decidan por ella.

Y para qué hablar de aspirar a un nombramiento presidencial. Las chances son casi nulas.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de El Diario.)
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