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Cuando la policía nos da la espalda

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y digital de El Diario.)

El deber más importante de un servidor público es defender la Constitución de su país. De allí es que nace la labor primordial de un policía: proteger y servir al pueblo. La Constitución no es más que un reflejo de la voluntad del pueblo.

Desde esa misma Constitución se desprende el Estado de derecho: el orden democrático, las instituciones, las leyes y reglamentos, la policía misma. Las fuerzas del orden existen porque como sociedad hemos decidido armar, uniformar y remunerar a un grupo de hombres y mujeres para que lo mantengan.

Es por eso que la muerte de los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Liu sacudió a Nueva York. Cuando se atenta contra la vida de un policía, se atenta contra el Estado de derecho. Todos nos sentimos desprotegidos.

Pero igual nos sentimos desprotegidos cuando la policía nos da la espalda. Eso fue lo que ocurrió el sábado cuando decenas de uniformados —supuestamente de luto por la muerte de Ramos—, le dieron la espalda al alcalde Bill de Blasio durante el funeral del fallecido oficial.

Lo que hicieron estos uniformados no fue una protesta. Una verdadera protesta es parte legítima del contrato social, consagrada en el derecho a la libre expresión. Nada le impide a un policía expresarse y criticar a una autoridad cuando está fuera de servicio o en conversaciones privadas con colegas y familiares.

Pero cuando un uniformado, dotado de un arma y una insignia del Estado, se rebela en contra de un líder elegido por el pueblo en un acto público, su actuar no tiene nada de democrático. Es insubordinación. No es nada más y nada menos que una renuncia a su compromiso a resguardar la ley y el orden.

Imagínense que un maniático hubiese irrumpido en la ceremonia fúnebre, pistola en mano. ¿Habrían estado dispuestos los manifestantes a dar la vida por el alcalde? ¿A protegerlo del peligro? Lo más probable es que quizás ni se habrían percatado del riesgo. Un agente del Estado da la cara en tiempos de crisis, no la espalda.

La ironía de todo es que el show mediático que causó la policía neoyorquina el sábado es un capítulo más de una batalla campal que comenzó cuando De Blasio asumió el cargo. Porque fueron los votantes los que se cansaron de “stop and frisk”, una práctica discriminatoria e inconstitucional. Y fueron los votantes los que le dieron el poder a De Blasio.

Ahora esa misma promesa de campaña se ha vuelto en una espada de doble filo: la policía la está usando en contra de la voluntad del pueblo. Aquella mayoría que sólo pedía un trato más justo de sus fuerzas del orden.

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Si Brooklyn puede, Obama también

Opositores de Barack Obama han denunciado, una y otra vez, que haga lo que haga el presidente para descomprimir la crisis migratoria, será ilegal o inconstitucional. Necesita permiso del Congreso.

Pero algo que hizo el fiscal distrital de Brooklyn, Kenneth Thompson, sirve como ejemplo de que, en la práctica, las leyes funcionan de manera distinta. Y demuestra que es perfectamente legal en un sistema de gobierno —y para Obama— actuar de forma unilateral.

En julio, Thompson tomó la decisión de no procesar casos de personas detenidas por poseer cantidades menores de marihuana. La medida se aplicaría a personas con poco o sin historial delictivo. (El anuncio no le gustó mucho a la policía y hay quienes la cuestionan como política pública, pero ese es tema aparte.)

Thompson explicó que las miles de detenciones anuales por marihuana “son una carga” para el sistema de justicia penal, tanto en materia de recursos como para jóvenes y minorías raciales. También dio motivos administrativos y entregó algunas estadísticas judiciales.

Lo que hizo Thompson se conoce como “discreción procesal”, la decisión de no hacer cumplir ciertas leyes. Es lo mismo que quiere hacer Obama con sus propuestas migratorias.

La práctica no tiene nada de nuevo. Si usted conduce a exceso de velocidad y la policía lo ve y no hace nada, eso es discreción procesal. Un sinnúmero de leyes y reglamentos nunca se hacen cumplir simplemente porque no existen los recursos para hacerlo. O porque el gobierno de turno determina que tiene otras prioridades.

Esa es plena facultad de un poder ejecutivo. Obama, al decidir no deportar a millares de estudiantes indocumentados, ejerció su discreción procesal. Y si más adelante decide no deportar a sus padres y familiares, eso también sería discreción procesal. Lo mismo pasaría si decide darle baja prioridad a indocumentados que hayan cometido faltas menores para enfocarse sólo en aquellos que atentan contra la seguridad pública.

El no deportar no significa que Obama esté usurpando poderes que le corresponden al Congreso. Usurpación sería que Obama le dé nacionalidad a los DREAMers, o que emitiera una orden que permita a todo indocumentado recibir Medicaid u otro beneficio federal. Usurpación sería que Thompson legalizara la venta de marihuana.

Pero nada le impide al presidente o al fiscal reordenar sus prioridades y no hacer cumplir ciertas leyes. La esencia de la separación de poderes yace en que ningún poder del Estado le puede decir al otro cómo hacer su trabajo.

Ahora si el Congreso no quiere a más de 11 millones de indocumentados en el país, la solución es fácil: que apruebe una ley ordenando su expulsión inmediata. Pero esa ley no existe.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de El Diario.)
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Desenredando el caso Garner

Habló el médico forense, y lo que dijo no se presta para dobles lecturas: Eric Garner fue víctima de un homicidio.

El anuncio ha vuelto el caso de Garner mucho más complicado.

Por un lado está el reverendo Al Sharpton, quien al darse a conocer el informe con las causales de la muerte de Garner, pidió de inmediato la detención de Daniel Pantaleo, el oficial a cargo de la cuestionada maniobra que terminó con la vida del residente de Staten Island.

Por otro lado está el reciente arresto de Ramsey Orta, el joven de 22 años que grabó el incidente en su smartphone. El fin de semana fue detenido por supuesta tenencia ilícita de armas.

Y para qué hablar del presidente del sindicato de policías, Patrick Lynch. Apenas se supo del arresto de Orta, Lynch se aprovechó del pánico y, por medio de un comunicado, tildó al joven de “criminal” y lo fustigó por “demonizar la buena labor de la policía”.

Poco a poco, la situación se está volviendo en un circo político. He aquí un leve intento a desenredar el asunto.

Con respecto a las exigencias de Sharpton, arrestar a Pantaleo no serviría de nada y sólo crisparía más el ambiente. Primero porque el oficial ya ha sido recibido sanción administrativa; se le despojó de su insignia y arma de servicio. Segundo porque sigue en curso una investigación interna de parte de la NYPD. Y tercero porque, legalmente, la existencia de un homicidio no significa necesariamente que haya ocurrido un crimen; la ley exige intencionalidad —o como mínimo “negligencia criminal”—, lo que hasta ahora no se ha determinado.

En cuanto al arresto de Orta, sus problemas con la ley no tienen nada que ver con el caso Garner. Sea o no culpable de lo que se le acusa, su rol como testigo en la muerte de Garner es un hecho irrefutable. El video está. Millones lo han visto. #EricGarner se ha vuelto tendencia nacional en Twitter. Lo que ocurra judicialmente con Orta por lo que ocurrió el fin de semana es sólo una distracción. No hay que confundir las cosas.

Lo lamentable es que Lynch, el presidente del Patrolmen’s Benevolent Association, sabe que el arresto de Orta es una distracción, y su organización la está explotando al máximo. De no ser así, ¿cómo explicar su comunicado de prensa condenando al joven, un día domingo? ¿Le hubiese interesado interrumpir su día libre si se tratara de otro delito u otro involucrado?

En política, a lo de Lynch se le llama “asesinato de carácter”. No es un crimen, pero sí es muy efectivo de frente a causas judiciales de envergadura.

Asesinar el carácter de Orta es efectivo porque no cabe duda de que si el caso Garner se materializa en una causa penal o civil —ya sea en contra de Pantaleo o en contra de la ciudad—, el video jugará un rol importante. Y qué mejor manera de impugnar la importancia al video que poniendo el tela de juicio el carácter de quién lo filmó. Y a veces, todo lo que necesita un jurado es una semilla de duda para tomar una determinación.

De todos modos, los hechos están. La opinión pública sigue el caso muy de cerca, y muchos quieren justicia. Y Eric Garner, que en paz descanse, ya es un mártir de los derechos civiles. Por donde se le mire, su caso definirá la era de Blasio y las relaciones entre la comunidad y la NYPD que el alcalde se propuso enmendar desde un comienzo.

(Una versión de esta columna fue publicada en la edición impresa y online de El Diario.)

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La justicia tarda pero llega

Es sólo un detalle estructural, pero si uno mira detenidamente los postes del alumbrado que rodean la Corte Suprema de Estados Unidos, se dará cuenta que cada base está compuesta de tortugas.

La justicia es lenta, y muchas veces tortuosa y tardía. Pero llega.

Después de 25 años de espera, finalmente se hizo justicia para el grupo de jóvenes —ahora hombres— conocido como los “Central Park Five”. La ciudad de Nueva York ha llegado a un acuerdo extrajudicial que, de aprobarse, resultaría en una indemnización de 40 millones de dólares por su errónea condena.

En 1990, los cinco jóvenes fueron condenados y encarcelados por el brutal ataque y violación a una mujer que había salido a correr en Central Park. Nunca pusieron un dedo sobre ella.

Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana y Yusef Salaam pasaron casi siete años tras las rejas. Kharey Wise, alrededor de trece. En 2002, fueron exonerados por un tribunal en Nueva York después que el verdadero culpable, Matías Reyes, confesara el crimen. Pruebas de ADN corroboraron su confesión.

Ahora los cinco hombres recibirán alrededor de un millón de dólares por cada año que pasaron recluidos. La suma es impresionante y puede que ayude a sanar heridas. Pero no hay monto que cubra el daño hecho.

Porque no hay persona que se recupere fácilmente de ser condenado por un crimen que no cometió. Que lo hayan tildado de “violador” y “salvaje”. Miembro de una “manada de lobos”. Aún sin que siquiera empezara el juicio, Donald Trump pidió la pena de muerte. El alcalde del momento, Ed Koch, calificó los hechos como “el crimen del siglo”.

Si hubo un caso que ejemplificó las tensiones raciales de los años noventa, fue el de los Central Park Five.

Pero aún con su exoneración en 2002, el calvario no acabó. La ciudad siguió peleando, oponiéndose férreamente a una demanda que interpusieron los hombres por violaciones a sus derechos civiles. La batalla legal duró el mandato entero del ex alcalde Michael Bloomberg.

La ciudad una y otra vez se aferró a su postura de que el caso no tenía nada que ver con cinco hombres condenados injustificadamente. No. Para Bloomberg y sus abogados, el meollo del caso era averiguar si la policía y los fiscales actuaron o no de buena fe. Y para la ciudad, todos los oficiales a cargo del caso actuaron de buena fe. No hubo comportamiento indebido.

Fue necesario un cambio de mando y una promesa de campaña de Bill de Blasio para que el tono de la conversación en torno al caso cambiara. El lunes, de Blasio defendió el acuerdo indemnizatorio y dijo que era “una obligación moral responder a la injusticia” del caso.

Y la ciudad respondió. Se demoró 25 años, pero lo hizo. Como tortuga, la justicia tardó. Pero llegó.

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